La Suprema entra en una etapa de cambios: cuatro vacantes y siete jueces bajo evaluación

La Suprema Corte de Justicia se encamina hacia una renovación de parte de su matrícula. El Consejo Nacional de la Magistratura decidió este viernes 28 de agosto reservar para el próximo 8 de septiembre la continuación de la evaluación de siete magistrados que han cumplido el período establecido para revisar su desempeño.

La decisión no significa que alguno haya sido confirmado o excluido. El CNM explicó que sus integrantes tendrán tiempo adicional para estudiar los informes correspondientes a siete años de ejercicio y revisar las entrevistas públicas realizadas el pasado martes. Solo después de ese examen deberá decidir sobre la confirmación de cada juez sometido al proceso.

Los magistrados evaluados son Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Vanessa Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Alejandro Bello Ferreras, Fran Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico. Las entrevistas individuales se realizaron el 25 de agosto en el Palacio Nacional.

Mientras esa decisión permanece pendiente, otro proceso comenzará a correr.

El CNM mantuvo para este lunes 31 de agosto el inicio del procedimiento de selección destinado a cubrir cuatro vacantes existentes en la Suprema Corte, además de cualquier otra que pudiera producirse como resultado de las evaluaciones en curso. Podrán ser considerados candidatos procedentes de la carrera judicial, del ejercicio profesional del derecho y del ámbito académico, conforme a las disposiciones aplicables.

Las cuatro vacantes tienen un origen particular. Luis Henry Molina, presidente de la Suprema; Nancy Salcedo, primera sustituta; María Garabito y Manuel Herrera Carbuccia comunicaron que no aspirarían a permanecer por un nuevo período. Los otros siete magistrados cuyos períodos también habían concluido sí entraron al proceso de evaluación.

La Constitución dominicana establece que los jueces de la Suprema Corte están sujetos a una evaluación de desempeño al término de siete años desde su designación. Ese procedimiento corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura y puede concluir con la confirmación del magistrado evaluado o con la apertura de una nueva vacante.

Por eso, el alcance de este proceso todavía no está completamente definido. Hay cuatro puestos que deberán ser cubiertos, pero el número podría aumentar dependiendo de las decisiones que adopte el Consejo respecto de los siete jueces evaluados.

El propio CNM estableció un orden para evitar que ambos procedimientos se crucen sin una definición previa: la evaluación de los actuales magistrados deberá concluir antes de finalizar la selección de quienes ocuparán las vacantes.

Lo que está en juego va más allá de nombres y cargos. La Suprema Corte es el órgano jurisdiccional superior del Poder Judicial y sus magistrados intervienen en decisiones que fijan criterios para los tribunales y afectan la administración de justicia. La forma en que se evalúa su desempeño y se selecciona a quienes ingresan al tribunal tiene, por tanto, una dimensión institucional que trasciende este proceso particular.

Por ahora no corresponde anticipar quién continuará ni quién ocupará las plazas disponibles. Esa decisión pertenece al Consejo Nacional de la Magistratura y todavía no ha sido adoptada.

Lo comprobable es que cuatro puestos deberán ser cubiertos, siete jueces permanecen bajo evaluación y durante las próximas semanas puede definirse una parte importante de la futura composición de la Suprema Corte de Justicia.

La Clave

Los cambios en una alta corte pueden parecer distantes de las preocupaciones cotidianas, pero la composición de la Suprema tiene consecuencias sobre algo mucho más cercano: la confianza en que los conflictos sometidos a la justicia sean resueltos por jueces independientes, capaces y sometidos a mecanismos públicos de evaluación.

La relevancia de este proceso no está, por ahora, en especular quién entra o quién sale. Está en observar cómo se toman esas decisiones, qué criterios se utilizan y si la evaluación y selección ofrecen garantías suficientes de mérito, transparencia e independencia.

Para el ciudadano, esa es la cuestión de fondo: la calidad de la justicia también depende de la calidad del proceso utilizado para escoger a quienes ocupan sus tribunales más importantes.