La economía se siente primero en la casa.
No en el Congreso. No en una rueda de prensa. No en una presentación llena de porcentajes. Se siente cuando una familia revisa la compra, calcula el pago del colegio, aplaza una reparación del carro o decide si alcanza para completar el mes sin volver a pasar la tarjeta.
Por eso la nueva Ley 30-26, sobre medidas pro crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional, no puede leerse únicamente como una pieza fiscal. El presidente Luis Abinader la promulgó este jueves tras su aprobación en el Congreso Nacional, según informó la Presidencia de la República.
La pregunta de fondo es otra.
¿Qué cambia para la gente de a pie?
El Ministerio de Hacienda y Economía presentó la iniciativa como una respuesta a la crisis internacional, especialmente al impacto del petróleo, con tres objetivos: mantener la estabilidad macroeconómica, proteger la estabilidad fiscal y preservar la estabilidad social. También planteó amortiguar el aumento de precios internacionales y evitar una caída de la inversión pública.
Ahí empieza el dilema.
Una ley fiscal puede sonar lejana, pero sus efectos bajan rápido al hogar cuando toca el empleo, la inversión, los precios, las pequeñas empresas y la capacidad del Estado para mantener subsidios o programas sociales. En República Dominicana, donde una parte importante de la economía familiar depende de pequeños negocios, empleos informales, microempresas, remesas internas, crédito y consumo diario, cualquier cambio tributario termina moviendo algo más que una cuenta pública.
El Gobierno sostiene que el proyecto busca recaudar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones, sin modificar el ITBIS, sin tocar la mayoría de los impuestos selectivos sobre combustibles, vehículos, alcoholes, cigarrillos, seguros y telecomunicaciones, y sin incluir impuestos a plataformas digitales.
Eso importa.
Porque el ITBIS, los combustibles y las telecomunicaciones son canales directos hacia el bolsillo de los hogares. Cuando alguno sube, la familia lo siente en la compra, en el transporte, en la comida fuera de casa, en el motoconcho, en el delivery, en la factura y en la pequeña operación del negocio familiar. Que la ley no toque esos puntos evita, al menos en lo inmediato, un golpe visible al consumo cotidiano.
Pero no todo es alivio.
La pieza también aumenta de 0.15% a 0.20% el impuesto sobre cheques y transferencias electrónicas, eleva temporalmente el ISR empresarial a 30% para grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales y crea un tramo de ISR personal de 27% para salarios mayores a RD$400,000 mensuales. Hacienda sostiene que el aumento empresarial afectaría a poco más de 1,000 empresas, menos del 0.8% de las que declararon ISR en 2025, y que el nuevo tramo salarial impactaría a unos 5,900 contribuyentes, el 0.26% del total.
Vista desde arriba, la medida parece dirigida a contribuyentes de mayor capacidad.
Vista desde la casa, la pregunta es si esos costos se quedan en las empresas grandes o si terminan trasladándose, de forma parcial, a precios, tarifas, comisiones, empleos o inversión.
Ese es el punto que debe vigilarse.
El impacto más cercano para la economía familiar podría venir por las micro y pequeñas empresas. La ley deroga los anticipos del ISR para las microempresas y permite que las empresas pequeñas los paguen como personas físicas, en tres pagos al año en lugar de doce. También elimina anticipos e impuestos a los activos del sector agropecuario.
Para un pequeño negocio, eso puede ser oxígeno.
No porque le regalen dinero, sino porque le dejan respirar caja. Un colmado, un salón, una cafetería, un taller, una tiendecita de barrio o un emprendimiento familiar no vive solo de ganancias contables. Vive de flujo: pagar suplidores, reponer mercancía, resolver la nómina, cubrir luz, transporte, alquiler y deudas. Si una obligación se flexibiliza, ese margen puede servir para sostener operaciones durante meses apretados.
La relevancia de ese sector está documentada. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo señala que las mipymes representan aproximadamente el 98.5% de las empresas y generan más del 61% del empleo en República Dominicana.
Ahí la reforma toca la vida real.
Porque detrás de una microempresa hay una familia que vive del negocio, otra que trabaja en él y varias que compran fiado, cobran por día o dependen de que ese comercio no cierre. En un país donde tanta gente se la busca desde unidades pequeñas, eliminar anticipos no es un tecnicismo: puede significar menos presión para quien intenta mantener abierto un negocio en medio de costos altos.
También hay medidas orientadas a la clase media. Hacienda plantea ajustar por inflación el mínimo no imponible y las franjas del ISR personal; según la presentación oficial, el mínimo exento pasaría de RD$34,685 a RD$39,900 para cubrir el costo de la canasta del segundo quintil. Además, la deducción por gastos educativos subiría de 25% a 30%, y a 50% cuando se trate de personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo.
Ese punto tiene rostro familiar.
Educación privada, terapias, transporte escolar, materiales, uniformes, plataformas digitales, tutorías: para muchas familias, educar a un hijo ya no es solo pagar una mensualidad. Es una suma de gastos constantes. Una mayor deducción no resuelve el costo de la educación, pero puede aliviar parte de la carga para hogares formales que declaran y pueden documentar esos pagos.
No todos se beneficiarán igual.
Quienes están fuera de la formalidad, no declaran ISR o no tienen gastos educativos deducibles quedarán más lejos de ese alivio. Y ahí aparece una brecha conocida: muchas medidas tributarias benefician más rápido a quienes ya están dentro del sistema formal que a quienes viven del día a día sin papeles completos, sin contabilidad y sin margen para esperar un crédito fiscal.
La ley también amplía el Régimen Simplificado de Tributación: sube de RD$12 millones a RD$15 millones para personas físicas y sector agropecuario, crea un umbral de RD$30 millones para pequeños negocios y eleva el RST compras de RD$55 millones a RD$60 millones. Hacienda afirma que esto ayuda a la formalización y simplifica la tributación de pequeños contribuyentes.
Si funciona, puede ser importante.
Formalizarse no es solo pagar impuestos. Es poder acceder a crédito, venderle a empresas grandes, organizar cuentas, entrar a cadenas de suplidores y crecer sin miedo permanente a una fiscalización. Pero si la simplificación no llega con educación tributaria, acompañamiento y acceso real al financiamiento, muchos pequeños seguirán viendo la formalidad como una carga, no como una puerta.
La ley tiene otra cara: combatir la evasión. La propuesta incorpora percepción de ITBIS en Aduanas para importaciones realizadas por contribuyentes informales, mayores retenciones a grupos difíciles de gravar, trazabilidad fiscal en alcoholes, cigarrillos y combustibles, además de controles sobre beneficiarios de leyes de incentivo.
Eso puede tener efectos mixtos.
Para el Estado, significa más capacidad de recaudar. Para negocios formales, puede reducir competencia desleal. Para algunos consumidores, podría implicar ajustes de precios si sectores informales trasladan nuevos costos. Otra vez: la diferencia estará en la aplicación.
El Gobierno afirma que las recaudaciones adicionales permitirán contener el déficit fiscal, mantener gasto de protección social, mitigar el impacto de la crisis internacional en los precios locales y preservar la estabilidad económica y social.
Esa promesa debe medirse.
No por discursos.
Por resultados.
Si la ley ayuda a sostener subsidios focalizados, inversión pública, estabilidad de precios y empleos, su efecto llegará a la mesa familiar. Si solo aumenta recaudación sin mejorar servicios, crédito, transporte, salud, educación y oportunidades, muchas familias no la sentirán como alivio.
Para Orden & Pacto, el centro de esta historia no está en si el Gobierno ganó una votación o si el Congreso cerró una agenda. Está en algo más concreto: si esta ley ayuda a que un pequeño negocio no cierre, si evita un aumento brusco en bienes básicos, si permite que una familia deduzca mejor sus gastos educativos, si fortalece programas sociales sin cargar más al consumo popular, si la formalización se vuelve menos pesada para quien trabaja desde abajo.
Porque la estabilidad macroeconómica, por sí sola, no cocina.
No paga el colegio.
No llena la nevera.
La estabilidad importa cuando logra convertirse en certidumbre doméstica: empleo que se mantiene, negocio que vende, deuda que no ahoga, precios que no se disparan y una familia que puede planificar algo más allá de la próxima quincena.
Ese será el verdadero examen de la Ley 30-26.
No el día de su promulgación.
Los meses que vienen.


