Ministerio Público pide 18 meses de prisión para 25 imputados en nueva fase del caso Senasa

SANTO DOMINGO.— La investigación sobre el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud entró este domingo en una nueva etapa judicial. El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas arrestadas durante la Operación Cobra 2.0-A y pidió que el proceso sea declarado complejo.

La solicitud fue presentada luego de los operativos iniciados el viernes y de dos jornadas de interrogatorios. Las autoridades habían informado inicialmente de 28 arrestos durante 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. La petición de medida de coerción finalmente incluye a 25 personas.

Entre los sometidos figuran médicos, otros profesionales o prestadores vinculados al sector salud, empleados de Senasa y personas que, de acuerdo con el Ministerio Público, se habrían asociado para ejecutar las operaciones investigadas. Las imputaciones deberán ahora ser conocidas ante un tribunal y no constituyen condenas.

Esta etapa introduce un elemento especialmente relevante para los afiliados.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó que parte de la investigación se refiere a procedimientos y atenciones que habrían sido facturados a nombre de pacientes sin que estos los recibieran.

Según la explicación ofrecida por Ortiz, cuando un procedimiento inexistente era cargado al seguro de una persona, podía disminuir la cobertura que ese afiliado tenía disponible, aunque nunca hubiese recibido la atención registrada. La fiscalía también sostiene haber encontrado casos de afiliados masculinos a quienes figuraban consultas ginecológicas que posteriormente negaron haber recibido.

Las autoridades investigan además otras presuntas irregularidades, entre ellas doble facturación, utilización de sellos médicos falsos y cobros por medicamentos o servicios no suministrados. Esas afirmaciones forman parte de la investigación del Ministerio Público y tendrán que ser probadas durante el proceso judicial.

El expediente depositado para solicitar las medidas de coerción tiene 525 páginas. Corresponde ahora a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijar la audiencia en la que fiscales y defensas presentarán sus argumentos.

La Clave

Hay una razón por la que esta nueva fase del caso Senasa va más allá de una investigación sobre dinero público.

Lo planteado ahora por el Ministerio Público toca el historial y la cobertura médica de los afiliados.

Si a una persona se le registra una consulta o procedimiento que nunca recibió, el problema no termina en el dinero que pudo haber salido de Senasa. Según la Pepca, ese registro también podía consumir parte de la cobertura disponible del asegurado.

Ese es el punto que convierte esta etapa del expediente en un asunto especialmente cercano para los ciudadanos.

A partir de ahora comienza otra parte del proceso: un tribunal tendrá que escuchar al Ministerio Público y a las defensas y decidir sobre las medidas solicitadas.

Las 25 personas están imputadas, no condenadas. La investigación tendrá que demostrar individualmente qué hizo cada acusado y qué responsabilidad penal, si alguna, le corresponde.