Nueva ley sobre residuos sólidos: ¿quiénes pagarán más y por qué importa?
La nueva legislación modifica las contribuciones que deberán pagar las empresas según su nivel de ingresos y establece una escala progresiva que sustituye el esquema anterior.
Lo esencial
Qué ocurrió
El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 36-26, que modifica el régimen de contribuciones de la Ley 225-20 sobre gestión integral de residuos sólidos.
Quiénes participan
La normativa involucra a empresas de todos los tamaños, gestores de residuos, ayuntamientos y al sistema nacional encargado de la gestión de desechos.
Qué significa
Las empresas deberán realizar aportes conforme a una nueva escala basada en sus ingresos, reemplazando el esquema anterior.
Qué sigue
La ley ya fue promulgada y comenzará a aplicarse conforme a las disposiciones establecidas para su entrada en vigor y publicación oficial.
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Anuncio · Orden y pacto
La gestión de los residuos sólidos volvió a ocupar un lugar central en la agenda nacional con la promulgación de la Ley 36-26, mediante la cual el presidente Luis Abinader introdujo cambios a la Ley 225-20 que regula el manejo de los desechos en la República Dominicana.
Uno de los cambios más importantes es la modificación del sistema de contribuciones económicas que realizan las empresas. En lugar de un esquema con montos más uniformes, la nueva legislación establece una escala progresiva basada en los ingresos brutos anuales de cada empresa. Esto implica que las compañías con mayores ingresos realizarán aportes más elevados, mientras que las de menor tamaño quedarán sujetas a contribuciones acordes con su nivel de facturación.
La reforma también modifica el primer tramo de aportes. Empresas con ingresos de hasta cinco millones de pesos pasarán a realizar una contribución anual superior a la establecida anteriormente, mientras que las compañías de mayor facturación enfrentarán incrementos más significativos dentro de la nueva escala progresiva.
El objetivo de la legislación es fortalecer el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos, mejorar la recolección, el tratamiento y la disposición final de los desechos, así como impulsar políticas de reciclaje y sostenibilidad ambiental.
Sin embargo, la promulgación también ha abierto un debate entre sectores empresariales y especialistas, quienes analizan el posible impacto económico de los nuevos aportes. Algunas organizaciones consideran que el incremento de las contribuciones podría representar un mayor costo operativo para determinadas empresas, especialmente aquellas con altos niveles de facturación.
La clave
Aunque la ley habla de residuos sólidos, su alcance va mucho más allá de la basura. Cuando cambian los costos que enfrentan las empresas, también pueden modificarse las decisiones sobre inversión, contratación y, en algunos casos, los precios de bienes y servicios. Eso no significa que los productos subirán automáticamente de precio, pero sí que esta es una medida con efectos que trascienden al sector ambiental y pueden sentirse en la economía cotidiana. Comprender ese vínculo ayuda a entender por qué una ley sobre residuos también puede ser una noticia que interesa a las familias.
Fuentes: Texto de la Ley que modifica la Ley 225-20.
Redacción