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Déficit de lluvias obliga a reservar agua para acueductos y riego

De delito ambiental a seguridad nacional: el giro que introduce el Decreto 615-26

República Dominicana ya tenía leyes para perseguir la tala ilegal, los daños graves a los recursos naturales y las agresiones contra áreas protegidas. El Decreto 615-26 no convierte automáticamente esos hechos en terrorismo. El cambio ocurre en otro terreno: el Gobierno ha decidido tratar ciertas amenazas contra el agua, los bosques y otras zonas esenciales para el país como un problema de seguridad nacional. La medida puede fortalecer la persecución de grupos organizados, pero tendrá que demostrar que sabe distinguir entre un infractor ambiental y alguien cuya conducta realmente cumple con lo que la ley dominicana define como terrorismo.