A las cinco de la mañana, cuando gran parte de Santo Domingo todavía duerme, ya hay miles de personas trabajando.
Algunos salen en motocicleta para iniciar una jornada de entregas. Otros preparan desayunos para vender desde sus casas. Hay quienes abren pequeños negocios familiares antes del amanecer y quienes revisan pedidos recibidos durante la noche por WhatsApp o redes sociales.
La mayoría no aparece en una nómina empresarial. Tampoco tiene vacaciones pagadas, cesantía ni cotizaciones regulares para una pensión.
Sin embargo, son parte esencial de la economía.
Durante años, la informalidad en República Dominicana fue asociada principalmente a vendedores ambulantes o pequeños comerciantes. Hoy la realidad es más compleja. El fenómeno abarca desde trabajadores independientes y microemprendedores hasta repartidores, prestadores de servicios digitales y personas que combinan varias fuentes de ingreso para sostener a sus familias.
La economía cambia, pero la incertidumbre permanece.
Los datos más recientes del Banco Central muestran una paradoja que merece atención. Entre enero y marzo de 2026 se generaron 118,631 nuevos ocupados netos. Es una cifra positiva para cualquier mercado laboral. Sin embargo, de esos nuevos trabajadores, 98,127 ingresaron al empleo informal. En otras palabras, más de ocho de cada diez nuevos puestos creados durante ese período no estuvieron vinculados a esquemas formales de protección social.
A simple vista, el dato podría parecer una discusión técnica reservada para economistas. Pero en la práctica tiene consecuencias directas dentro de los hogares.
La diferencia entre un empleo formal y uno informal no se limita a un contrato.
Es la diferencia entre tener cobertura médica contributiva o depender de recursos propios cuando aparece una enfermedad. Es la posibilidad de acceder a financiamiento en mejores condiciones, de acumular derechos para una futura pensión o de contar con algún nivel de protección frente a una crisis económica.
Por eso la informalidad no es únicamente un problema laboral.
Es también una cuestión familiar.
Cuando una persona vive de ingresos variables, cada decisión cotidiana se vuelve más difícil. Comprar una vivienda se convierte en una meta distante. La educación universitaria de los hijos exige mayores sacrificios. Las emergencias médicas generan temor. El ahorro, para muchos, termina siendo un lujo.
La consecuencia emocional suele pasar desapercibida.
No aparece en los informes estadísticos ni en los comunicados oficiales.
Pero está presente en las conversaciones de pareja, en las preocupaciones que acompañan el cierre de cada mes y en la ansiedad que provoca no saber cuánto dinero entrará al hogar dentro de unas semanas.
República Dominicana no enfrenta este desafío en aislamiento. Organismos internacionales han advertido que la informalidad continúa siendo uno de los problemas estructurales más importantes de América Latina y el Caribe. La falta de acceso a la seguridad social, las dificultades para acumular patrimonio y la vulnerabilidad económica que enfrentan millones de trabajadores terminan reproduciendo desigualdades durante generaciones.
Sin embargo, la realidad dominicana presenta una particularidad.
La informalidad convive con una economía que muestra capacidad para generar empleo y mantener niveles relativamente bajos de desempleo. El primer trimestre de 2026 cerró con una tasa de desocupación abierta de 5.0 %, mientras la ocupación alcanzó más de 5.2 millones de personas.
La pregunta entonces deja de ser cuántos empleos se crean.
La cuestión pasa a ser qué calidad tienen esos empleos.
Ese debate adquiere todavía más relevancia entre los jóvenes. Muchos han encontrado oportunidades en actividades independientes, plataformas digitales, pequeños emprendimientos o trabajos por proyecto. Para una parte de ellos, la flexibilidad representa una ventaja. Pero esa misma flexibilidad suele venir acompañada de menor protección y mayor exposición a las fluctuaciones económicas.
Lo que para algunos es autonomía, para otros termina siendo fragilidad.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado que la informalidad en República Dominicana mantiene niveles persistentemente elevados desde hace décadas y responde a factores estructurales que van desde limitaciones educativas hasta barreras para la formalización productiva.
Detrás de esos diagnósticos existen historias concretas.
Historias de personas que trabajan todos los días.
Que generan ingresos.
Que contribuyen al movimiento económico del país.
Pero que continúan sintiendo que el esfuerzo no siempre se traduce en seguridad.
Quizás esa sea una de las contradicciones más importantes de la República Dominicana actual.
El país crece.
Las empresas invierten.
El turismo alcanza cifras récord.
Los indicadores macroeconómicos ofrecen razones para el optimismo.
Pero para una parte importante de la población, la sensación de estabilidad sigue siendo esquiva.
La informalidad no significa ausencia de trabajo.
Significa ausencia de certezas.
Y mientras más de la mitad de los ocupados continúe dependiendo de actividades sin acceso pleno a la protección social, el crecimiento económico seguirá conviviendo con una realidad silenciosa que se vive puertas adentro de miles de hogares.
Porque al final, el verdadero desarrollo no se mide únicamente por la cantidad de empleos que genera una economía.
También se mide por la capacidad de esos empleos para ofrecer tranquilidad, dignidad y futuro a las familias que dependen de ellos.
