Agua, empleo y miedo: la discusión que ya no cabe en consignas
En San Juan de la Maguana, hablar del agua no es un tema ambiental abstracto. Es hablar de comida, cosechas, deudas y estabilidad familiar.
Las comunidades agrícolas de la provincia viven alrededor de sistemas de riego que sostienen cultivos de habichuelas, maíz, cebolla, arroz y otros productos esenciales para la economía local. El agua no solo mantiene viva la tierra; también mantiene vivos los ingresos de miles de hogares.
Por eso, cuando el presidente Luis Abinader ordenó en mayo de 2026 detener cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, la decisión fue celebrada por sectores comunitarios que durante años habían advertido sobre posibles riesgos ambientales. Pero la suspensión también dejó otra pregunta flotando en muchas familias: si no llega la minería, ¿qué alternativa económica real tiene San Juan?
La discusión se volvió nacional bajo una consigna sencilla: “Agua sí, oro no”. Sin embargo, en las calles y comunidades rurales la realidad es mucho menos simple.
Porque detrás del rechazo al proyecto también existe una provincia golpeada históricamente por la pobreza, la falta de oportunidades y la migración constante de jóvenes hacia Santo Domingo o el exterior.
Una provincia agrícola con altos niveles de vulnerabilidad
Los datos oficiales muestran que San Juan enfrenta una fragilidad social mucho más profunda de lo que suele aparecer en el debate público.
El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) registró que 61.8 % de los hogares de la provincia se encontraba clasificado entre pobreza extrema y pobreza moderada bajo el Índice de Calidad de Vida. Además, el informe identificó importantes niveles de vulnerabilidad social y climática en múltiples comunidades rurales.
El mismo dossier revela que cerca de cuatro de cada diez hogares tenían pisos de tierra y que miles de familias presentaban alta exposición a choques climáticos, un elemento especialmente sensible en una provincia cuya economía depende fuertemente de la agricultura.
La situación adquiere mayor peso cuando se observa el contexto nacional. Aunque República Dominicana ha mantenido crecimiento económico en los últimos años, las zonas rurales continúan mostrando mayores niveles de precariedad y menor velocidad en la reducción de la pobreza, según estadísticas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Ese contraste ayuda a entender por qué la discusión minera genera divisiones incluso dentro de las propias comunidades.
Para algunos sectores, el proyecto Romero representaba una amenaza ambiental. Para otros, era visto como una posible vía de empleo estable en una provincia donde muchas familias sobreviven entre agricultura de subsistencia, informalidad y remesas.
El agua como patrimonio familiar
La preocupación principal de las organizaciones comunitarias gira alrededor del impacto que una operación minera podría tener sobre las fuentes hídricas de la zona.
San Juan depende ampliamente de sistemas agrícolas alimentados por ríos y presas que sostienen buena parte de la producción del valle. Cualquier percepción de riesgo sobre el agua activa un temor profundo en productores y familias rurales.
El Ministerio de Agricultura ha definido repetidamente a San Juan como una de las zonas agrícolas más importantes del país. Solo en producción de habichuelas, las autoridades proyectaron siembras de más de 140 mil tareas, reflejando el peso económico de la agricultura local.
Para muchos agricultores, perder acceso seguro al agua no sería únicamente un problema ambiental. Sería perder ingresos, capacidad de producción y estabilidad económica.
Esa preocupación explica por qué el conflicto minero terminó convirtiéndose también en un conflicto emocional y cultural.
En San Juan, la tierra no solo representa trabajo. Representa herencia familiar, arraigo y supervivencia.
La promesa minera y la deuda histórica del desarrollo
La empresa GoldQuest presentó el proyecto Romero como una mina subterránea moderna con potencial de inversión, generación de empleo y dinamización económica.
Ese discurso encuentra eco en una parte de la población que siente que el sur dominicano ha quedado fuera de muchas oportunidades de desarrollo.
La región ha enfrentado durante décadas problemas estructurales:
- migración juvenil
- empleo informal
- bajos salarios
- limitada industrialización
- dependencia agrícola
- vulnerabilidad climática
En ese contexto, cualquier proyecto de gran inversión suele despertar expectativas económicas.
Pero el problema de fondo es otro: muchas comunidades sienten que deben elegir entre dos inseguridades.
Por un lado, el temor ambiental.
Por otro, la ausencia de oportunidades.
Y esa tensión revela una discusión más amplia sobre el modelo de desarrollo dominicano: qué tipo de crecimiento llega realmente a las provincias agrícolas y cuáles territorios siguen cargando con pobreza estructural mientras la economía nacional muestra cifras positivas.
El verdadero conflicto ocurre dentro de los hogares
La polarización pública suele presentar el debate como una batalla entre ambientalistas y sectores económicos. Pero dentro de muchas familias la conversación es mucho más compleja.
Hay hogares donde un miembro teme por el agua y otro espera empleo.
Padres que quieren proteger la agricultura familiar, pero también jóvenes que consideran emigrar porque no encuentran oportunidades en la provincia.
Madres que dependen de pequeños cultivos para sostener el hogar y familias completas que sienten agotamiento económico tras años de ingresos inestables.
La discusión minera, en realidad, terminó exponiendo algo más profundo: la fragilidad emocional y económica de las provincias rurales dominicanas.
Porque cuando una comunidad debe debatir entre proteger recursos básicos o aceptar proyectos de alto impacto para sobrevivir económicamente, el problema ya no es únicamente ambiental.
Es estructural.
Más allá de Romero
La suspensión del proyecto Romero probablemente no cerrará el conflicto. Más bien podría marcar el inicio de una discusión nacional más incómoda sobre desarrollo territorial, desigualdad regional y sostenibilidad.
San Juan se convirtió en el reflejo de una pregunta que atraviesa muchas comunidades latinoamericanas:
¿Cómo se construye progreso económico en territorios pobres sin poner en riesgo los recursos que sostienen la vida cotidiana?
La respuesta todavía no está clara.
Mientras tanto, en los campos del sur, miles de familias siguen viviendo entre la incertidumbre económica y la defensa de aquello que consideran irremplazable: el agua que mantiene viva su tierra y el futuro de sus hogares.