La madrugada en que Felipe no regresó a casa, Miladis todavía seguía despierta.
Vive en el sector Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, y recuerda que aquella noche había intentado llamarlo varias veces después de la una de la madrugada. Su hijo había salido a compartir con unos amigos y le había dicho que volvería temprano. Ella esperó sentada en la sala mientras revisaba el teléfono cada cierto tiempo. Lo último que imaginó fue que unas horas después recibiría una llamada distinta, una de esas llamadas que cambian la vida de una familia en cuestión de segundos.
Felipe regresaba junto a su amigo Starlin en una motocicleta por la avenida Independencia. Según relataron familiares, ambos jóvenes se desplazaban a alta velocidad cuando perdieron el control del motor e impactaron contra un poste de luz. Vecinos de la zona llamaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, y los dos fueron trasladados al hospital Darío Contreras.
Felipe llegó con un fuerte golpe en la cabeza. Murió horas después.
Starlin sobrevivió, pero quedó con una lesión permanente en la pierna derecha que limitará su movilidad durante el resto de su vida.
En la casa de Miladis todavía hay fotografías de Felipe sobre un mueble de la sala. Algunas de sus pertenencias permanecen exactamente donde las dejó antes de salir aquella noche. Su madre admite que todavía le cuesta hablar del accidente sin detenerse varias veces. Lo que más le duele, dice, no es solamente la pérdida. Es la sensación de que historias como la de su hijo se han vuelto demasiado frecuentes en República Dominicana.
Y las cifras oficiales parecen confirmarlo.
El Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), adscrito al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), reportó 835 muertes por accidentes de tránsito hasta mayo de 2026. Entre 2016 y 2025, el país acumuló cerca de 30,000 fallecimientos relacionados con siniestros viales. Las motocicletas continúan apareciendo en una gran parte de esos accidentes, consolidándose como el vehículo más involucrado en las estadísticas de mortalidad vial dominicana.
Sin embargo, el problema no puede entenderse únicamente desde los números. La motocicleta ocupa un lugar mucho más profundo dentro de la realidad social y económica del país. Para miles de personas no representa simplemente un medio de transporte económico o rápido. También es trabajo, sustento y supervivencia diaria. Motoconchistas, repartidores, mensajeros y trabajadores informales dependen completamente de ella para generar ingresos en un contexto donde muchos hogares viven bajo presión económica constante.
Esa dependencia explica parte del crecimiento acelerado que ha tenido el parque vehicular de motocicletas durante los últimos años.
Datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) indican que el país supera ya los 3.8 millones de motocicletas registradas, equivalentes a cerca del 58% de todos los vehículos que circulan en República Dominicana. En muchos sectores urbanos y provincias, el motor se ha convertido en la principal forma de movilidad porque resulta más accesible que mantener un automóvil y, para muchas familias, termina siendo la única herramienta de trabajo disponible.
El problema es que ese crecimiento no siempre ha venido acompañado de educación vial, regulación efectiva o condiciones mínimas de seguridad. Especialistas consultados para este reportaje explican que una parte importante de los motociclistas circula diariamente sin casco certificado, sin seguro vigente o en condiciones de alto riesgo. A eso se suma una cultura vial donde manejar de forma imprudente dejó de percibirse como algo excepcional y pasó a formar parte de escenas cotidianas que muchas personas observan todos los días sin sorprenderse.
La consecuencia golpea especialmente a los jóvenes. El Opsevi ha identificado que las víctimas mortales de accidentes de tránsito se concentran principalmente entre personas de 15 a 34 años, es decir, una población que se encuentra en plena etapa productiva. Muchos son estudiantes, trabajadores jóvenes o padres recientes que sostienen económicamente a sus hogares. Cuando ocurre un accidente grave, el impacto rara vez termina únicamente en quien conducía la motocicleta. La pérdida alcanza a padres, hijos, parejas y familiares que dependen emocional y económicamente de esa persona.
Por eso especialistas en salud pública y movilidad urbana insisten en que la seguridad vial debe verse también como un problema social y familiar. Una lesión incapacitante puede dejar a un hogar completo sin ingresos durante meses. Una muerte inesperada obliga a muchas familias a enfrentar gastos médicos, deudas y responsabilidades económicas para las que nunca estuvieron preparadas. Detrás de cada accidente hay hogares que deben reorganizar su vida en medio del duelo y la incertidumbre.
En medio de esa realidad, organizaciones como la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto) aseguran que intentan fortalecer procesos de educación y organización entre sus afiliados. Su presidente, Óscar Almánzar, sostiene que el gremio desarrolla charlas sobre seguridad vial, uso de casco protector y relaciones humanas, además de exigir seguros vigentes a los miembros registrados dentro de sus sindicatos. Fenamoto afirma contar con alrededor de 78,000 afiliados distribuidos en distintas provincias del país.
Aun así, la dimensión del problema parece superar ampliamente cualquier esfuerzo individual. Las autoridades han intentado impulsar nuevas regulaciones para exigir cascos certificados y mejorar controles sobre circulación de motocicletas, mientras organismos internacionales mantienen preocupación por los niveles de mortalidad vial en República Dominicana. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que los usuarios vulnerables de las vías, entre ellos motociclistas y peatones, continúan representando una proporción alarmante de las víctimas fatales en América Latina.
Especialistas coinciden en que el problema no puede resolverse únicamente con multas o fiscalización. También existe un componente cultural profundamente arraigado. Durante años, conducir motocicletas en condiciones de riesgo se volvió parte normal de la vida cotidiana dominicana. Ver tres personas sobre un motor, circular sin casco o desplazarse a alta velocidad entre vehículos dejó de generar sorpresa hace mucho tiempo. El problema es que detrás de esa normalización existe una cantidad creciente de hogares marcados por pérdidas permanentes.
Miladis todavía evita pasar por la avenida donde ocurrió el accidente de Felipe. Dice que desde entonces las noches se sienten distintas dentro de la casa y que el silencio pesa más de lo normal. A veces escucha una motocicleta acelerando en la calle y, por un instante, vuelve a pensar en aquella madrugada que terminó cambiándolo todo.
Quizá por eso la discusión sobre motocicletas en República Dominicana ya no debería limitarse únicamente a estadísticas, multas o regulación. El verdadero desafío es entender cuánto dolor acumulado existe detrás de una crisis vial que lleva años golpeando a miles de familias dominicanas sin que el país termine de acostumbrarse realmente a la magnitud de la tragedia.
